EDOMEX: PRESUPUESTO SOBRA, FALTAN RESULTADOS

En materia de seguridad en el Estado de México sobra presupuesto, faltan resultados. Sobra corrupción, falta mano dura. Sobran las palabras, los discursos y falta una verdadera procuración de la Justicia, donde el policía, el ministerio público y jueces dejen de ver la seguridad como una mina de oro, pese al dolor, la sangre, las pérdidas y muerte de las víctimas y, donde, además, las cárceles están llenas de inocentes, delincuentes prefabricados que alimentan la corrupción policiaca ante la cómplice ceguera política.
Impresionante es saber que el Estado de México hoy día, gasta 287 mil millones de pesos en seguridad, pero, sin grandes resultados. No desaparece el miedo y municipios como Ecatepec, Naucalpan y Chimalhuacán, siguen siendo los municipios o ciudades con mayor inseguridad a nivel nacional, datos del INEGI. Está demostrado que presupuesto hay, lo que falta son los resultados en materia de seguridad.
Los números no mienten. En los últimos 10 años el Estado de México destinó una cifra histórica para combatir el crimen y fortalecer la procuración de justicia. Sin embargo, la percepción de inseguridad en suelo mexiquense, donde habitan casi 17 millones de personas, se mantiene entre las más altas del país. En la última década se invirtió en seguridad más de 287 mil millones de pesos. La cifra impresiona. Solo en 2025, el gobierno mexiquense destinará 33,781 millones de pesos al rubro de seguridad, de los cuales 21,596 millones irán a seguridad pública, 10,110 millones a procuración de justicia y 1,220 millones a protección de derechos humanos.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI muestra que Ecatepec, Chimalhuacán y Naucalpan siguen entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, con niveles que superan el 85 % de sus habitantes. A nivel estatal, la percepción de que vivir en el Edomex es peligroso ha sido persistente. No ha sido por falta de dinero. Ha sido por falta de resultados, afirman sus habitantes.
Durante la última década, el presupuesto estatal destinado a la seguridad creció de manera sostenida: pasó de aproximadamente 18 mil millones en 2015 a más de 33 mil millones en 2025, según los decretos presupuestales y reportes del Congreso local. Se construyeron centros de control como el C5, se reclutaron nuevos elementos, se reforzaron las fiscalías y se anunciaron programas de profesionalización policial. Pero la violencia, la extorsión, el robo y el miedo a salir de noche continúan marcando la vida cotidiana de millones de mexiquenses.

DINERO HAY,
SEGURIDAD NO
La seguridad en el Edomex se convirtió en un pozo sin fondo, desde los gobiernos estatales del PRI, el cual, gobernó más de 90 años, hasta este sexenio que ganó la maestra Delfina Gómez, del partido Morena, quien derrotó de manera abrumadora al último priísta Alfredo del Mazo Mazo, cachorro del imperio de Atlacomulco, quien fue beneficiario y cómplice del mal destino que se le dio a ese millonario presupuesto para seguridad, sin lograrla.
Para algunos políticos mexiquenses la clave del problema no está en la falta de presupuesto, sino en la ineficiencia institucional. Según datos del INEGI y organizaciones civiles, más del 90 % de los delitos no se denuncian y de los que sí, la mayoría no se investigan ni llegan a una sentencia. El gasto se diluye en estructuras policiales plagadas de corrupción, mandos reciclados, formación deficiente y escasa supervisión, además de las grandes tajadas millonarias que tocan a la clase política, los padrinos, los de cuello blanco quienes realizan todas sus transas a través de prestanombres. Ellos, sus nombres, sus firmas, sus fotos, nunca aparecerán como prueba de la corrupción.
El Estado de México ha seguido una estrategia centrada en el control territorial y los operativos espectaculares, pero ha descuidado la inteligencia, la proximidad comunitaria y la prevención. Se ha invertido en patrullas, uniformes y vigilancia, pero no en construir una fuerza civil confiable, ni en atacar las raíces de la violencia: la desigualdad, la impunidad y la fragmentación social.
La Guardia Nacional, aunque presente en algunas zonas, no ha logrado revertir el clima de inseguridad. Y la coordinación con la federación ha sido, en el mejor de los casos, ambigua. Para 2025, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) dejó de transferir recursos al Estado, desplazando el peso casi por completo al gobierno estatal. La inversión continúa, pero sin un rediseño de fondo en las instituciones, más dinero no significará más paz.
Lo más grave es que la curva del gasto no ha generado una curva descendente en la percepción delictiva. Al contrario: en zonas como el Valle de México, la desconfianza hacia las instituciones crece, y el miedo se convierte en una constante en la vida urbana. Las mujeres, las juventudes, los comerciantes y las comunidades rurales padecen día a día una sensación de abandono, aunque el presupuesto diga lo contrario.
En contraste, otros rubros como salud y educación —aunque importantes— no han tenido incrementos proporcionales. En 2025, por ejemplo, el gasto en seguridad supera por sí solo al presupuesto completo de infraestructura, medio ambiente y cultura juntos.
Más de 250 mil millones de pesos invertidos en seguridad no han bastado para que el Estado de México se sienta seguro. La magnitud del gasto revela que el problema no ha sido presupuestal, sino estructural. Sin reformas profundas, sin depuración institucional y sin una política criminal moderna, el Edomex seguirá atrapado en un círculo vicioso: más dinero, menos confianza.
La realidad en las calles, en el Edomex donde habitan casi 17 millones de personas, es distinta a la que pinta y anuncia cada semana la gobernadora Delfina Gómez, quien, a través de sus mesas de paz, escoltada por su equipo de seguridad, reitera una y otra vez que determinados homicidios y otros delitos van a la baja. La realidad es otra: corrupción en las policías mexiquenses y una procuración de Justicia que trabaja en base a la dádiva.