EL REY DEL CEMENTO EN VALLE DE BRAVO

No se requiere ir a las grandes universidades para aprender a hacer negocios y nadar en las ganancias, tal es el caso de Eli “N”, conocido como el “Jefe del Cemento” en Valle de Bravo. Las ganancias ilícitas y gansteriles le permitían vivir en una residencia con lago privado, pero, le cayó la Justicia y fue detenido en la tumultuosa y escandalosa Operación Liberación al sur del Estado de México.
La casita da envidia de la buena y, desde ahí Eli “N” dirigía el negocio que mantenía cautiva a la economía local. El pasado 21 de julio, autoridades federales y estatales lanzaron la Operación Liberación, un golpe frontal contra la red de extorsión que controlaba el comercio de materiales de construcción en el sur del Estado de México.
Era cuestión pública que Eli “N”, el Jefe del Cemento, era propietario de una casa de venta de materiales y almacén denominada “JIMEX”, la cual quedó a disposición de las autoridades estatales y federales. Como se informó el operativo estuvo coordinado por el Gabinete de Seguridad Nacional, DEFENSA, MARINA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, junto con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Edomex, diseñado para desmantelar estructuras económicas criminales que imponían cuotas y obligaban a adquirir insumos en puntos controlados, bajo amenazas y violencia.
El operativo estaba programado, tenía varios meses de preparación, de información, lugares, personas, tiendas, casas, establecimientos, sitios de taxis y, cómo muchas personas trabajaban como “halcones” en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria. En estos municipios habita casi un millón de personas, quienes se veían forzadas a pagar precios inflados para construir o realizar cualquier obra.
En el operativo se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión contra líderes regionales de esta red criminal. Los detenidos no eran sicarios, sino intermediarios clave en las cadenas de suministro: comerciantes, líderes sindicales y hasta empresarios locales.
Destaca Eli “N”, dueño de “JIMEX”, empresa que, con el aval de un grupo delictivo con raíces en Michoacán, controlaba la venta de cemento y varilla en Valle de Bravo. Nadie podía construir sin comprarle a precios inflados. También se le relaciona con delitos de extorsión y secuestro con fines de extorsión.
Autoridades revelaron un esquema de extorsión bien estructurado: Un sindicato imponía una lista de precios y zonas de reparto, elevando los costos hasta un 400%. Se exigía un vale de 50 pesos para acceder al producto. En las minas asignadas se cobraban entre 200 y 400 pesos extra por carga. Se registraban las placas de los vehículos y el material era entregado en camionetas particulares.
Respecto a lo incautado en el operativo hay 6 minas aseguradas utilizadas para acopio y distribución ilegal y se incautaron 5,000 bultos de cemento, 137 toneladas de varilla, 17,657 kg de forraje. Así como otros materiales de construcción: blocks, alambre, etc. Se informó en el gobierno de la maestra Delfina Gómez que parte de estos materiales será utilizado en obras públicas con impacto social.

MODUS OPERANDI
De acuerdo a las investigaciones y recientes declaraciones de las partes afectadas, precisaron que desde 2020, casas de materiales fueron obligadas a comprar con sobreprecio a dos empresas vinculadas a un grupo delictivo. Las denuncias fueron ignoradas durante años por los gobiernos priistas.
Durante casi cinco años, los comerciantes de materiales de construcción en Valle de Bravo han vivido bajo el control de una red del crimen organizado que imponía precios, rutas y condiciones de venta. La extorsión no era nueva, pero tomó un cariz sistemático desde 2020, cuando, según uno de los dueños afectados, comenzaron a operar dos empresas bajo las órdenes de un grupo criminal que trasladaba los pagos a Luvianos.
Trascendió que “esto no empezó con la Operación Liberación”, según los quejos esta mafia tiene más de 20 años de “trabajar e imponer sus métodos”. De acuerdo con las denuncias se trataba de dos empresas: Materiales Arriaga, ubicada en la zona del Arco, y Materiales Jimex, en la comunidad de El Fresno. “Eran las únicas dos. Y la gente tenía que comprarles a ellos”, esto de acuerdo a las denuncias.
Hay información precisa que apunta que desde 2020. Ya llevan casi cinco años. Al principio fue más violento: hubo levantones, amenazas, incluso a varios compañeros les cobraban multas. Hubo un camionero que mataron. Así empezó todo, consta en las denuncias.
También hubo ataques y represalias contra quienes se resistieron. “Una compañía grande, Acero Selargo, decidió cerrar. No quisieron meterse con ellos. Cada semana tenían que ir hasta Luvianos a dejarles el diezmo. Era un riesgo”. De cómo se trasladaba el dinero, precisan: “Nosotros no pagábamos directamente. Al comprarles, ya venía incluida la cuota. Era como si el IVA ya viniera incluido. Pero ellos sí trasladaban el dinero hacia allá (Luvianos)”.
Hay versiones de que el dinero recaudado en Valle de Bravo iba hacia Luvianos, donde “lo recibía la misma gente”. Las rutas estaban controladas, no podían entrar camiones externos, y los proveedores eran limitados. “No podías traer camiones de fuera, como de Toluca o Zinacantepec. Los detenían antes. Te decían: tú solo puedes comprarle a Fulano o Sutano”.
Varias voces afirman que intentaron hacer denuncias. Algunas se presentaron ante la Fiscalía del Estado de México en Valle de Bravo; otras, en Toluca. “Unos hasta buscaron a políticos, a ver si alguien les echaba la mano. Pero no pasaba nada. Las denuncias tienen años, y apenas hicieron presencia”.
En ocasiones hubo represalias. “Hubo una quema en Villa Victoria, otra en Donato Guerra. Así nos fueron amedrentando. A algunos compañeros los asaltaron. Ya sabían quiénes iban, les daban el pitazo. Y cuando reclamaban, la respuesta era: ‘a mí no me importa’”.
Ayuntamientos sordos y ciegos. Según el testigo, el gobierno municipal también fue alertado. “Se notificó al Ayuntamiento. Pero tardaron mucho. Hasta apenas cumplimentaron las denuncias. Por eso digo que no sé si fue por presión del gobierno de Estados Unidos. Porque aquí ya había denuncias desde hace años”.