HASTA 11 AÑOS DE PRISION ESPERAN A LA ALCALDESA GOLPEADORA

Aunque la situación jurídica de la alcaldesa de Capulhuac, Selenne “N”, está en punto de espera en los cajones de la Justicia, la agresiva mujer podría ser condenada hasta por 11 años de cárcel por el delito de abuso de autoridad y lesiones en contra de Miriam “N”, psicóloga del DIF municipal a quien acusó de andar con su marido.
La situación jurídica de Selenne “N” está por definirse; podría recibir hasta 11 años de cárcel por las lesiones graves que causó a su víctima. La policía sigue tras la pista de la hija de la alcaldesa de Capulhuac y de una mujer policía quienes participaron en la golpiza en contra de la empleada del municipio.
Este lunes 7 de julio podría ya definirse la situación jurídica de Selenne “N”, toda vez que el juez adscrito a los Juzgados de Almoloya de Juárez determinará si es vinculada o no a proceso por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y discriminación, por lo que podría recibir hasta 11 años de cárcel de ser encontrada culpable.
Lo anterior, luego de que el grupo de abogados de la mujer política solicitaron el pasado jueves, la duplicidad del término, 144 horas, mismo que vence este martes 1 de julio a las 10:20 horas. Ahora, sólo basta esperar el veredicto del juez.
Cabe recordar que en la primera audiencia de formulación de imputación a Selenne “N” se le suspendió temporalmente del cargo de alcaldesa de Capulhuac, al acusar el Ministerio Público que, pese a que pidió licencia hasta por 90 días, continúo haciendo actividades oficiales.
Incluso, se reveló que se trasladaba por el municipio con hombres armados, quienes agredieron a elementos de la Policía de Investigación (PDI) el día de su detención el 24 de junio. Por los delitos que se le imputan podría recibir hasta 11 años de cárcel, de ellos 9 por abuso de autoridad, y otros 2 años por lesiones.
Sumado a que quedaría firme la destitución e inhabilitación del cargo de presidenta municipal, el cual ganó en las elecciones del 2 de junio del 2024.

CRISIS
Los partidos políticos deben poner mejor “ojo clínico”, hacer una mejor y a fondo investigación de sus candidatos y éstos de, los integrantes de sus equipos a cargos de elección popular, porque hoy en día, al menos 12 municipios del Edomex enfrentan crisis política en su primer semestre de gestión.
Estos municipios mexiquenses han registrado conflictos políticos desde que iniciaron las nuevas administraciones locales: detenciones, casos de nepotismo, entre otras disputas
Desde que comenzaron las nuevas administraciones municipales en 2025, al menos una decena de gobiernos locales en el Estado de México ha enfrentado conflictos políticos y escándalos que van desde detenciones por agresión y extorsión hasta asesinatos, casos de nepotismo y disputas judiciales por abuso de poder.
En Ixtapaluca los recolectores de basura afiliados a la CTM denunciaron estos últimos días del mes de junio que sufrieron actos de extorsión por parte de la directora de Servicios Públicos, Nora Chávez. Aseguran que se les impusieron cuotas ilegales para poder tirar desechos en el relleno sanitario municipal. El ayuntamiento no ha respondido públicamente ni se ha informado sobre sanciones. El conflicto permanece abierto.
El 26 de junio de 2025 la Fiscalía mexiquense vinculó a proceso a Anayeli “N”, presidenta del COPACI en Chimalhuacán, por el delito de extorsión. Está acusada de exigir 200 mil pesos a una persona a cambio de devolverle su casa, amenazándola con “desaparecerla” si no pagaba. Paralelamente, Sergio Iván “N”, exdirector de Desarrollo Urbano en Coacalco, también fue vinculado por abuso de autoridad tras irregularmente levantar una suspensión de obra en 2024.
Ambos formaban parte de redes vecinales y administrativas vinculadas a decisiones urbanísticas y de control territorial. El caso puso en evidencia la gran problemática que enfrenta el Edomex en tema de despojo.
El ya comentado caso de Capulhuac, donde su presidenta municipal Selenne “N”, fue detenida el 24 de junio de 2025 por hechos delictivos flagrantes de cohecho y resistencia. Está siendo investigada por su presunta participación en una agresión física y sexual contra Miriam, psicóloga del DIF municipal, ocurrida el 2 de mayo. En el ataque también habrían participado su hija y una policía municipal.
En Ecatepec el exdirector de Movilidad del ayuntamiento, Oswaldo Rosas, fue destituido el 14 de junio de 2025 luego de protagonizar un incidente vial en estado de ebriedad en la Ciudad de México. Tras chocar con dos vehículos, agredir a un trabajador y presuntamente detonar un arma de fuego, Rosas fue cesado del cargo.
El caso circuló ampliamente en redes sociales y expuso el perfil de funcionarios municipales sin controles éticos ni políticos. Fue sustituido por Osmar León Aquino, exsubdirector de Seguridad Pública. La administración no abrió un procedimiento judicial formal.
No es lo único, a principios de año Azucena Cisneros señaló que recibió el gobierno en una situación financiera crítica: solo había 500 mil pesos disponibles en el DIF municipal y prácticamente ningún recurso en el organismo operador de agua potable Sapase, pese a que se requerían 45 millones de pesos para cubrir la primera quincena de salarios.
En Atizapán de Zaragoza Leylany Arce Richard, segunda síndica municipal, fue detenida el 5 de junio de 2025 por circular en una camioneta blindada con placas vencidas desde 2018. Tras el incidente, denunció en redes sociales ser víctima de persecución política y violencia institucional. El caso fue concluido, sin ninguna detención, según su testimonio.
En Valle de Bravo el 4 de junio de 2025 un juez federal ordenó restituir en sus cargos a cinco integrantes del cabildo que habían sido destituidos por la alcaldesa Michelle Núñez Ponce. Además, le instruyó pagarles los sueldos retenidos y emitir una respuesta formal a sus demandas. El caso aún no cierra: sigue pendiente una investigación por presunta falsificación de firmas oficiales.
Núñez Ponce fue reelecta en 2024 para un segundo periodo. En febrero, su esposo y entonces secretario del ayuntamiento, Juan Montes de Oca, renunció tras acusaciones de nepotismo. La relación entre ambos episodios ha intensificado el malestar político en uno de los municipios más emblemáticos del turismo mexiquense.
En Aculco el 9 de abril de 2025 fueron detenidos José Humberto “N”, síndico municipal, y Edgar “N”, excomisario. Ambos están acusados de extorsionar a comerciantes locales y de intervenir con amenazas en la asignación de obra pública. El primero exigía pagos por “dejar trabajar”, mientras el segundo ejecutaba los cobros con violencia.
Ambos fueron internados en penales estatales, en espera de que se defina su situación jurídica. El caso evidenció prácticas caciquiles persistentes en municipios rurales del norte del estado.
En Luvianos, Xóchitl Yarette Martínez, quinta regidora del cabildo, denunció violencia política, hostigamiento y amenazas por parte del alcalde Edder Jaimes Garduño. Asegura que no ha recibido salario desde febrero, que fue presionada para renunciar y que había sido excluida de las sesiones de cabildo.
El alcalde respondió el 24 de marzo de 2025 publicando fotos y conversaciones privadas de la regidora, lo que derivó en una segunda denuncia. Jaimes Garduño es hijo de los dos anteriores presidentes municipales —su padre (2019-2021) y su madre (2021-2024)— y representa un caso inédito de nepotismo encadenado en el Edomex. La toma del palacio municipal por ciudadanos inconformes a principios de año reflejó el malestar profundo con estas prácticas heredadas.
En Ocuilan el 20 de marzo de 2025, el primer regidor Alejo Cedillo (MC) y el secretario técnico del ayuntamiento fueron asesinados a las afueras del Palacio Municipal. Días después, cuatro personas —tres adultos y un menor de edad— fueron detenidas y vinculadas a proceso por el crimen. Según la Fiscalía, eran integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el móvil habría sido una disputa con grupos delictivos rivales.
El ataque reactivó las alertas sobre la penetración del crimen organizado en gobiernos locales del Edomex. El regidor asesinado presuntamente tenía vínculos con otra organización, La Nueva Familia Michoacana.
En Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa Villegas, presidenta municipal, pidió licencia indefinida el 28 de febrero de 2025 argumentando “asuntos personales”. La solicitud llegó tras una investigación administrativa en su contra. En mayo, reapareció en un acto público donde afirmó ser víctima de una persecución institucional y agradeció el respaldo ciudadano.
Otro caso muy sonado fue el de Santo Tomás de los Plátanos, donde Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, fue detenido el 8 de febrero de 2025, luego de huir en diciembre, tras rendir protesta como alcalde. La Fiscalía del Estado de México le ejecutó dos órdenes de aprehensión por extorsión. Una de las víctimas denunció que el edil electo la amenazó para que abandonara su candidatura a la presidencia municipal: “o le haría daño a su familia”.
El político fue capturado en Valle de Bravo durante la “Operación Enjambre” y trasladado al penal de Tenango del Valle. Nunca asumió plenamente el cargo y aún no tiene una sentencia en su contra.
Unos días antes, en enero de 2025, la Fiscalía había detenido en Metepec a María del Rosario “N”, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos y esposa del propio Pedro Luis. Permanecía prófuga desde noviembre de 2024, cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra, también por el delito de extorsión.