NOTARIOS PUBLICOS MEXIQUENSES VENDIAN FE DE LEGALIDAD A INVASORES

Por José Santos Navarro
Tres notarios públicos, dos con sede en Toluca y uno en Ecatepec, están detenidos, relacionados con el cartel inmobiliario que a través de amenazas y violencia despojaron de sus viviendas a familias o bien, ocupaban inmuebles abandonados. Era una red criminal conocida como los sindicatos. Operaban en 14 municipios y habían inventado hasta una dependencia en el Edomex. Los nombres de los notarios, aún no se han hecho públicos.
Tras el caso de Doña Carlota en Chalco, se destapó la cloaca, la mafia que tiene años delinquiendo en el Estado de México, principalmente en los municipios de Coacalco, Lerma, Ecatepec y Chimalhuacán. Hoy, con el Operación Restitución hay 23 detenidos y se han recuperado 344 inmuebles en 28 municipios. Los cateos masivos en los que participan la FGJEM, SSEM y la Guardia Nacional, también se han asegurado drogas y armas.
La tarea principal de la Operación Restitución es desmantelar la mafia dedicada al despojo de propiedades, la cual, había hasta inventado una dependencia “oficial” donde, con ayuda y complicidad de ex servidores públicos, mantenían una red criminal, cuyas acciones ilegales eran acreditadas como auténticas por notarios públicos, son tres, dos de Toluca y uno de Ecatepec, de quienes pronto se espera conocer sus nombres.
A través de información de la Fiscalía mexiquense se conoce que varias redes criminales han ocupado ilegalmente viviendas con la ayuda de notarios y funcionarios que facilitaron la regularización fraudulenta de estas propiedades. Este mecanismo ha afectado a cientos de familias, generando un problema creciente de despojo en múltiples municipios.
Nada es nuevo, este tipo de despojos era pan de todos los días, sólo que, la Justicia no actuaba. Durante años, grupos delictivos operaron con impunidad en el Estado de México, despojando a personas de sus viviendas mediante amenazas, violencia directa y documentos falsificados. Estas redes actuaban con el respaldo de funcionarios públicos, notarios y agrupaciones disfrazadas de sindicatos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) puso en marcha la Operación Restitución para investigar estos casos, recuperar inmuebles y judicializar a los involucrados.
Sobre este cartel inmobiliaria se sabe que en 2024 se registraron 4 mil 936 casos de despojo en la entidad, principalmente en los municipios de Ecatepec, seguido por Tecámac, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Toluca.
La atención pública se intensificó tras el caso de doña Carlota, una mujer de 70 años de Chalco que disparó contra dos personas que, según ella, le habían arrebatado su casa. Dos murieron. Este hecho aceleró la intervención institucional y destapó la magnitud del problema de un cartel inmobiliario, con distintos rostros y razones sociales y grados de violencia invadían inmuebles abandonados, se apoderaban de predios y con el uso de la amenaza y violencia lanzaban a familias a la calle.
COMPLICIDAD
La Fiscalía mexiquense anunció que tres notarios, dos con sede en Toluca y uno en Ecatepec -ya detenidos-, serán imputados por falsificación de documentos y simulación de actos jurídicos. Emitían escrituras y poderes ilegales para legitimar las ocupaciones. No se reveló la identidad de estos. También enfrentarán cargos cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), dos exdirectores de Desarrollo Urbano de Coacalco y Lerma, un exdirector de Catastro de Ecatepec y una jefa de mercados en Chimalhuacán, por abuso de autoridad y omisiones deliberadas.
Estos son los brazos del cartel inmobiliario ya identificados y con detenidos: La Unión Social de Organizaciones Nacionales (USON) tenía presencia en Ecatepec, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza. Según la Fiscalía, sus miembros ingresaban por la fuerza a inmuebles, exigían pagos para su devolución y actuaban bajo amenazas. Entre el 5 y el 9 de mayo, la FGJEM detuvo a seis integrantes de esta organización: José Carmelo “N”, identificado como uno de los operadores clave; Gabriela “N”, quien junto con su pareja ingresó a una vivienda y exigió 30 mil pesos para devolverla.
Ulises “N”, Juan Alberto “N”, José Manuel “N” y Daniela “N”, esta última acusada de cohecho. Todos fueron vinculados a proceso por su participación en despojo de inmuebles y otros delitos conexos.
El Grupo de Operaciones Especiales de Zonas (GOPEZ) actúa en Ecatepec, con respaldo de autoridades municipales del trienio anterior (en el gobierno de Fernando Vilchis). Sus miembros fabricaban reportes policiales falsos para justificar desalojos ilegales.
Su líder, Hugo Francisco “N”, fue detenido el 6 de mayo en Veracruz, tras una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía mexiquense. Está acusado de exigir pagos de hasta 300.000 pesos a las víctimas para entregarles sus viviendas ocupadas ilegalmente, bajo amenaza de represalias si denunciaban.
Así también la llamada Unión 300, mejor conocida como Los 300, opera en Ecatepec, Tecámac y Zumpango. La Fiscalía los vincula con delitos de despojo, homicidio, narcomenudeo y extorsión. El 6 de mayo de 2025, fue capturado en Veracruz su líder, Luis “N”, alias El Conejo. Posteriormente, Alberto Eduardo “N” asumió la dirección operativa, mismo que ya fue detenido el 29 de mayo. Ambos fueron presentados ante el Ministerio Público en los días siguientes, como parte de las acciones prioritarias de la Operación Restitución.
Por su parte el grupo denominado 22 de Octubre, éste tenía presencia activa en Chalco, donde se especializaba en tomar viviendas ya habitadas, incluso de personas en situación de vulnerabilidad.
El 13 de abril, dos de sus integrantes fueron abatidos durante un intento de despojo frustrado. La familia afectada repelió el ataque con armas de fuego. Este hecho, que tuvo amplio impacto en redes sociales, conocido como el caso de Doña Carlota.
Asimismo, el grupo Los Gastones fue desbaratado tras la Operación Restitución en Valle de Chalco y la Ciudad de México, esta organización es investigada por despojo, extorsión y delitos contra la salud. Su líder, Brandon Salvador “N”, conocido como El Gastoncito, fue detenido el 11 de mayo de 2024. La FGJEM lo vincula también con actividades de lavado de dinero. Su captura permitió identificar rutas financieras utilizadas para legalizar las ganancias de los despojos.
El resultado es positivo porque desde abril de este año la Fiscalía ha asegurado 284 inmuebles en 34 municipios del Estado de México. Se espera que intervenga al menos 60 propiedades más en las próximas semanas.
¡CAERAN!
Aunque aún no se saben sus nombres, sí se conoce que actualmente doce funcionarios estatales y municipales enfrentan procesos penales. El objetivo, ha declarado la FGJEM, no es solo restituir los inmuebles a sus legítimos propietarios, sino desarticular el sistema de corrupción que permitió que estos despojos se volvieran práctica común en amplias zonas de la entidad.
FALSA DEPENDENCIA
La Operación Restitución implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para combatir la red delictiva que operaba en 14 municipios de la entidad, principalmente en el Valle de México y la zona oriente, dedicada al despojo de propiedades mediante documentos falsos y con ayuda de funcionarios públicos ya está desarticulada.
El denominado cartel inmobiliario actuaba con el respaldo de una falsa dependencia: un sistema de complicidades institucionales que permitía que viviendas, locales comerciales, naves industriales e incluso predios completos fueran tomados ilegalmente.
Hasta hoy y de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía apuntan a cinco principales organizaciones que operaban como “sindicatos” o agrupaciones sociales, pero que en realidad actuaban como frentes de grupos delictivos: Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ); Unión 300 o Los 300; 22 de octubre y Los Gastones.
Estas agrupaciones empleaban grupos de choque y accedían a propiedades mediante violencia o intimidación, regularizando los inmuebles con documentación falsa y en complicidad con servidores públicos. Hasta el momento, la Fiscalía Edomex ha detenido a 11 personas y ha ejercido acción penal contra otras 12, lo que da un total de 23 detenidos o imputados. Dentro de este grupo hay funcionarios estatales y municipales que facilitaron los actos ilegales.
Entre los imputados están cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM): 4 servidores públicos municipales (de Coacalco, Lerma, Ecatepec y Chimalhuacán) 3 notarios públicos, dos con sede en Toluca y uno en Ecatepec.
Operan con corrupción y documentación apócrifa. De acuerdo con las indagatorias, los implicados cometían los delitos de forma individual o colectiva. La red operaba de la siguiente manera:
Se identificaba un inmueble vacío o vulnerable y entraba en acción un grupo de choque que tomaba posesión del lugar. Por otra parte ya se tramitaban documentos falsos para regularizar la propiedad, donde estaban inmiscuidos servidores públicos del IFREM quienes registraban folios reales a nombre de otras personas. Notarios públicos certificaban poderes notariales y actos traslativos de dominio sin verificar su legalidad.
Además, autoridades municipales otorgaban permisos o autorizaciones sin verificar la autenticidad de los documentos presentados, violando el Código de Procedimientos Administrativos y el Código Financiero del Estado de México.
EL COLMO…
Esta mafia coludida con funcionarios y notarios, contaba también con La Fiscalía identificó que muchos trámites fueron posibles gracias a la actuación de una supuesta “falsa dependencia”, es decir, una estructura que simulaba legalidad, pero que operaba bajo corrupción y complicidad oficial. Esto permitió que documentos apócrifos fueran aceptados en trámites oficiales sin los debidos controles. Las autoridades del Edomex continúan con las investigaciones. No se descarta que en los próximos días se formulen nuevas imputaciones contra más funcionarios públicos y notarios, así como posibles órdenes de aprehensión adicionales.
La investigación de la FGJEM arrojó que existen -hasta el momento- tres notarios, dos en Toluca y uno en Ecatepec, quienes están imputados por participar en la red criminal de despojo inmobiliario. La Fiscalía los señala, pero no los nombra. Sin embargo, todo este lodo, toda esta red de notarías públicas quedarán exhibidas de corruptas y se espera que les sea retirada la concesión que regularmente son “regalos” que dan los gobernadores a sus amigos.
CATEOS MASIVOS
Hasta el lunes 2 de junio se informó que las fuerzas de seguridad estatales y federales realizaron cateos e inspecciones en 28 municipios del Estado de México como parte de la llamada Operación Restitución. Las acciones, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia estatal, contaron con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y policías estatales y municipales.
Como resultado, detalla la Fiscalía en un comunicado, se reporta el aseguramiento de 344 inmuebles presuntamente ocupados de manera ilegal o vinculados a redes criminales. Según autoridades, las propiedades estaban bajo investigación por la Unidad Especial para Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad.
Durante los operativos también se incautaron marihuana, metanfetamina, básculas grameras, cartuchos útiles y un arma de fuego. Además, se encontraron documentos personales como credenciales para votar, actas de nacimiento y recibos de pago de servicios, que podrían estar relacionados con fraudes o suplantación de identidad.