A 19 AÑOS DE LA REPRESION EN SAN SALVADOR ATENCO IMPUNIDAD, OLVIDO Y CARPETAZO; NO HUBO JUSTICIA

El pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz y celebración del día de los albañiles se cumplieron 19 años de la represión en contra de vendedores de flores temporeros que se habían instalado frente al mercado Belisario Domínguez, en Texcoco, hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como uso excesivo de la fuerza pública también en contra de habitantes de San Salvador Atenco de donde venían los floristas.
Grabados quedaron testimonios del uso excesivo de la fuerza pública en el mercado municipal de Texcoco los días 3 y 4 de mayo, así como persecuciones detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y agresiones sexuales en contra de las mujeres, violación a las garantías de seguridad jurídica. El gobernador del Estado de México era el priísta Enrique Peña Nieto.
Aquel 3 y 4 de mayo de 2006, siendo presidente de México el panista Vicente Fox Quezada, dos personas murieron. El niño de 14 años de edad, Javier Cortés Santiago quien fallecido a consecuencia de un disparo de arma de fuego y posteriormente, Olín Alexis Benhumea Hernández, víctima de la golpiza que recibió de parte de los policías que participaron: municipal, estatal y federal. El conflicto inició por la renta de piso, porque los vendedores de flores invadieronel área del mercado municipal de Texcoco.
Tras el uso de la fuerza para retirar a los vendedores de flores, en apoyo de éstos, llegaron militantes del llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), quienes al ver la dimensión del abuso de poder, decidieron en protesta cerrar la carretera México-Texcoco, lo que originó la orden de reprimir a los manifestantes y liberar esa importante vía. Se prendió un infierno. Policías municipales, estatales y federales arremetieron contra las personas y así inició una de las represiones más violentas y sangrientas en 2006, cuando gobernaban PRI, el Estado de México; PAN, la presidencia de la República y PRD, el municipio de Texcoco.
Fue tal el abuso de la represión y violación a los derecho humanos, que –un año después- llegó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero, como siempre, los ministros de la Corte hicieron bolas el asunto, justificaron, pero también reconocieron –ante la indignación a nivel nacional- que sí hubo exceso en el uso de la fuerza por parte de los elementos de las policías; de la bala que mató al joven de 14 años, nunca se supo si vino de un arma de la policía y finalmente concluyeron que es deber y obligación del gobierno federal hacer uso de la fuerza pública, dado que los manifestantes en apoyo de los vendedores de flores, habían alterado el orden al cerrar, como medida de protesta, la carretera México-Texcoco. Le dieron vueltas y vueltas y, como siempre, el asunto se fue a la congeladora.
El caso de San Salvador Atenco pasó también a la llamada Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero, lo mismo, reconocieron que sí hubo exceso en el uso de la fuerza pública, exigieron justicia, demandaron, señalaron, condenaron, pero, la represión finalmente fue otra página negra de los gobiernos priístas y panistas. Sin duda, elEstado mexicano mantuvo un paso lento en liquidar su deuda en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres. Por ese hartazgo de gobiernos represores y corruptos del PRI y del PAN, en 2018 el pueblo voto por el cambio.

LA HISTORIA
Tras el desalojo violento de los vendedores de flores el 3 de mayo, al día siguiente (4 de mayo) en protesta floristas, familiares apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra salieron a manifestarse en las calles y cerraron la carretera México-Texcoco, acción que originó la represión donde participaron policías municipales, estatales y elementos de la Policía Federal Preventiva, quienes bajo las órdenes de muy arriba, utilizando la fuerza bruta desalojaron a los manifestantes y cometieron todo tipo de abusos.
El hecho está documentado, en las redes sociales hay videos, fotos y declaraciones de las víctimas, principalmente de mujeres que no sólo fueron aprehendidas, sino violadas por elementos policiacos, humilladas y encarceladas
Era el 3 de mayo de 2006, día de la Santa Cruz y también celebración del día del albañil –trabajadores de la construcción- , cuando algunos comerciantes tienen la oportunidad de ganar un dinero extra con la venta de flores. Los floristas temporales, habitantes de San Salvador Atenco se instalaron frente al mercado municipal y ese fue el origen de la represión en contra de ellos, de sus familiares, amigos, vecinos y militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes tras la violencia policiaca, también ellos sacaron a relucir sus machetes para defenderse. Surgió el mote de los “Machetes de Atenco”.
El conflicto subió de tono. La sangre llegó al río cuando en el bloqueo en la carretera México-Texcoco, los policías dispararon a matar y, sí, mataron de un balazo en la cabeza al adolescente Javier Cortés Santiago, de apenas 14 años de edad. Trascendió que al menos 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1,815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyó a los floristas.
Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT, solidarias y personas sin militancia alguna. Los policías “agarraron” parejo.
Entre los detenidos hubo 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.
Los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias; 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). No hubo justicia.
Inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad también fue absuelto. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable, que buscara esclarecer los hechos en forma integral y que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material de distintos cuerpos de seguridad hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, como encubrimiento y omisiones.
También pidió disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia en este caso y aquellas necesarias para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso, además de pedir la reparación integral a favor de las víctimas.
El 17 de septiembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al detectar la falta de avance sustancial e integral en el cumplimiento de las recomendaciones.

CULPABLES!
El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su sentencia en este caso, en la que declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las once mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.
La Corte IDH ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles; fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres.La sentencia fue notificada a las partes el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra en fase de supervisión de cumplimiento.
Después de un largo e inédito litigio de casi tres años, a 17 años de los hechos (en 2023), el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el amparo interpuesto por las Mujeres de Atenco, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación, bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.
Hoy, a 19 años de la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco las medidas estructurales como la implementación del observatorio de uso de la fuerza se sigue negando, el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual ha sido casi nulo, y las medidas individuales de atención y rehabilitación no han sido cumplidas cabalmente.
Así, el Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar su deuda en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se mantienen vigentes las problemáticas que derivaron en la sentencia: la persistencia de la tortura sexual, la impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el abuso de la fuerza.
Hoy, a 19 años de estos lamentables hechos, no hubo justicia, los jueces, magistrados y ministros que conforman el Poder Judicial, no hallaron culpables y aunque condenaron el uso excesivo de la fuerza pública, también indicaron que el Estado tiene el derecho y obligación de imponer el orden. Por esto y mucho más, el 1 de junio el pueblo habrá de elegir a los y las integrantes de un nuevo Poder Judicial.