«OPERATIVO ENJAMBRE» LLEVA A FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES CUMPLIMENTAR 5 ORDENES DE APREHESION CONTRA CORRUPTOS SERVIDORES PÚBLICOS
Por GABRIEL RODRIGUEZ
TOLUCA, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), la Secretaría de Marina y Armada México, Guardia Nacional (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Estatal cumplimentaron otras cinco órdenes de aprehensión contra el mismo número de personas en la entidad mexiquense, bajo el marco del «OPERATIVO ENJAMBRE».
La FGJEM informó que los detenidos responden a los nombres de: José Humberto “N”, síndico de Aculco; Ari Patrick “N”, presidente municipal entre 2019 y 2021, en Almoloya de Alquisiras; Baltazar “N”, hermano de Patrick, Edgar “N”, ex director de Seguridad Pública de Aculco, y Guillermina “N”, comerciante de Almoloya de Alquisiras.
Estas cinco personas son investigados por su presunto involucramiento en actos de extorsión. “Los ahora detenidos forman parte de entramados criminal a partir de los cuales habrían utilizado sus cargos dentro de gobiernos municipales o vínculos con ellos, para cometer extorsiones a nombre de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán” con razón social «LA FAMILIA MICHOACANA», indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Si bien no se dijo, cuál era esa agrupación criminal; se presume que se trata de «LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA», liderada por los hermano JOSE ALFREDO y JHONNY HURTADO OLASCOAGA, alías «EL FRESA» Y «EL PEZ», respectivamente.
Se detalló que José Humberto, síndico de Aculco, así como Edgar “N”, comisario de dicho municipio hasta el pasado 11 de Febrero, son investigados por extorsionar a un comerciante de la zona para “dejarlo trabajar”.
Ari Patrick, ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, y su hermano Baltazar, fueron detenidos en Toluca. Ambos son señalados de extorsionas a dueños de negocios (como tortillerías) en los municipios de Tenancingo y Malinalco.
En estas actividades criminales, Guillermina se encargaba de “organizar el cobro numerario”. Debido a ello, las cinco personas fueron ingresados a distintos Centros Penitenciarios y de Reinserción Social estatales. Esto mientras se determina su situación jurídica.
