CUSAEM, BOMBA DE TIEMPO EN MANOS DE LA GOBERNADORA
En una verdadera trampa de corrupción y escándalo político está por caer la gobernadora de Morena, Delfina Gómez, en caso de no reaccionar y dar solución al sistema opaco en que funciona el Cusaem cuya existencia sigue beneficiando a integrantes actuales del Grupo Atlacomulco.
Desde antes del gobierno del también profesor Carlos Hank González, uno de los dioses del Grupo Atlacomulco, quien aún tiene extendidos algunos tentáculos de corrupción en el Estado de México, como es el caso del Cusaem, dependencia policiaca que depende del presupuesto del gobierno del Estado de México, por lo que es urgente que la gobernadora Gómez Álvarez actúe con mano firme, de lo contrario, la oposición le cargará esta montaña de corrupción llamada Cusaem.
A lo largo de los gobiernos priistas, CUSAEM operó en un vacío legal que permitió el desvío de miles de millones de pesos. Hoy, la actual administración enfrenta el reto de gestionar este cuerpo policiaco.
Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) siguen operando en la actual administración en un limbo legal: es una dependencia del gobierno para obtener contratos, pero una empresa privada para el manejo de las ganancias.
“A las personas a quienes les prestamos los servicios se les cobra a nombre del gobierno estatal. Sin embargo, el dinero no llega a la Tesorería del Estado de México. Nosotros usamos membretes gubernamentales, pero no cobramos de ninguna partida presupuestal.” Raúl Felipe Rayo, comandante de CUSAEM.
En 2023, el gobierno de Morena prometió regularizar CUSAEM, liquidar una deuda de pensiones de cinco mil millones de pesos y mejorar las condiciones laborales de sus agentes. Sin embargo, a más de un año de la transición, estas promesas no se han cumplido, según denuncian cientos de policías.
Los recursos generados por CUSAEM son totalmente opacos, nunca han sido fiscalizados, y los funcionarios involucrados en su operación nunca han rendido cuentas. Se desconoce el destino final del dinero generado por este negocio.
“Estamos hablando de una posible apropiación de recursos públicos, uso indebido de licencias de portación de armas de fuego y la suplantación del gobierno en manos de una corporación extraña”, apunta en entrevista José Guadalupe Luna Hernández, especialista en transparencia y combate a la corrupción.
Luna Hernández fue excomisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) de 2015 a 2021, así como titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción estatal de 2021 a 2022.
“Siempre ha prevalecido el criterio de que se trata de una institución privada. Hubo una resistencia a regularizar el tema”, comenta.
OPACIDAD
La Secretaría de Seguridad local, dependencia a cargo del cuerpo policiaco, nunca ha querido hacer públicos los documentos de CUSAEM. Incluso la administración morenista mantiene la opacidad.
Esto no sólo ha impedido conocer la ruta del dinero de CUSAEM, sino que también ha encubierto sus escándalos de corrupción. Tres agentes de la corporación fueron los principales prestanombres de la Operación Safiro, con la que autoridades de siete estados desviaron 650 millones de pesos para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los tres policías fundaron seis empresas fantasma que triangularon tres cuartas partes del dinero desviado de la Operación Safiro, realizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2010, mientras Peña Nieto gobernaba el Estado de México, otros cuatro agentes fueron sorprendidos como guardaespaldas del narcotraficante del Cártel de los Beltrán Leyva, José Jorge Balderas.
En enero de 2025, el titular de CUSAEM, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, implementó un tabulador de sueldos y salarios con el fin de mejorar las condiciones laborales de los agentes. Sin embargo, CUSAEM Organizados, un grupo compuesto por varias organizaciones de trabajadores, denuncia que esta medida, lejos de beneficiarlos, los ha perjudicado.
Felipe Rayo explica que con el nuevo tabulador se eliminaron algunas categorías, como Oficial y Vigilante, y acusa que quienes ocupaban esos puestos fueron reasignados a la categoría de menor salario: guardia “C”.
“Se acabaron los oficiales y vigilantes, y todos bajaron a ‘guardia C’. En lugar de aumentar, nos bajan la categoría y el salario”, acusa el policía.
Una solicitud de transparencia muestra el rezago salarial en CUSAEM. En 2005, primer año de la gubernatura de Enrique Peña Nieto, un guardia «C» ganaba seis mil 235 pesos netos al mes. Esto equivale a 16 mil 361 pesos al mes en 2025, ajustando por inflación.
Pero actualmente, un guardia “C” recibe, en el mejor de los casos, 11 mil 871 pesos netos mensuales, según el tabulador de Álvarez Cárdenas. Es decir, aun con el aumento salarial presumido por la nueva administración morenista, los agentes de CUSAEM ganan apenas tres cuartas partes de lo que percibían hace 20 años.
Desde enero de 2025, 1,250 agentes de CUSAEM exigen una dignificación laboral. En concreto, piden un aumento salarial, una auditoría interna y que se les dote de uniformes, entre otras cosas.
TITULARES
Los dos titulares de CUSAEM bajo la administración morenista arrastran un historial de corrupción. Un ejemplo es el actual titular, el teniente coronel en retiro Carlos Javier Álvarez Cárdenas, quien enfrenta denuncias por desvío de fondos y huachicoleo.
En 2019, la Fiscalía General de la República lo denunció por su presunta participación en el robo de combustible. Se le acusa de haber colaborado con Eduardo León Trauwitz, general actualmente prófugo, en la extracción ilegal de hidrocarburos cuando ambos protegían los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2013, Álvarez Cárdenas y León Trauwitz fueron nombrados gerente y superintendente, respectivamente, de los servicios de seguridad física de Pemex. Durante su gestión como encargados de la vigilancia de la red nacional de distribución de combustible, el huachicoleo en México se disparó.
Además, como gerente de Estrategia y Sistemas de Seguridad de Pemex, Álvarez Cárdenas coordinó la compra del spyware Da Vinci, un sistema de espionaje con características similares a Pegasus, utilizado por Peña Nieto para espiar periodistas y activistas, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Antes de su labor en Pemex, Eduardo León Trauwitz fue escolta personal de Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México y candidato presidencial.
Entre 2010 y 2012, Trauwitz fue coordinador de ayudantías y agente de alto nivel en la Agencia de Seguridad Estatal, entonces encargada de CUSAEM. Mientras tanto, Carlos Javier Álvarez Cárdenas trabajaba en el Estado Mayor Presidencial como representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gabinete de seguridad nacional del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Al inicio del sexenio de Calderón, Álvarez Cárdenas fue secretario particular de Fermín Rivas García, director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Según Contralínea, Álvarez Cárdenas fue acusado de desviar recursos destinados a la alimentación de los militares: los productos comprados nunca fueron servidos ni llegaron a los almacenes. Rivas García también enfrentó acusaciones de desvío de recursos y acoso sexual.
Ninguno de estos militares ha enfrentado la justicia. Por el contrario, en 2021, Carlos Javier Álvarez Cárdenas fue candidato a síndico en Naucalpan por el partido ultraderechista Encuentro Solidario (PES).
De diciembre de 2023 a julio de 2024, Héctor Daniel Chavero dirigió Cusaem. Según Newsweek, durante su gestión vivió con opulencia, en contradicción con los principios de austeridad de Morena. Incluso presumió en TikTok la compra de un Corvette de más de tres millones de pesos.
Otro escándalo de Chavero fue el hackeo a la corporación en agosto de 2024. Según Maribel Estrada Chávez, abogada del movimiento laboral en Cusaem, tras el ataque cibernético se perdieron documentos que acreditaban la antigüedad de varios agentes.
“En algunos casos no se ha podido rescatar la documentación. Aunque hubo una denuncia ante la Fiscalía [local], esta se declaró incompetente”, denunció Estrada Chávez.
No se conoce el salario de Álvarez Cárdenas como titular de CUSAEM, pero como pensionado del Ejército recibe mensualmente 48 mil pesos.
Son muchos los entretelones, trampas y corrupción que permiten este limbo legal de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) ha impedido conocer con certeza cuánto dinero mueve la corporación. “No tenemos ese dato porque las cuentas nunca han sido públicas”, explica José Guadalupe Luna Hernández.
FOX Y CALDERÓN
Según revisiones de Proceso y Sin Embargo, durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), Cusaem obtuvo contratos públicos federales por entre tres y ocho mil millones de pesos. En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012), la corporación recibió mil 557 millones de pesos del gobierno federal.
Sin embargo, se desconoce cuánto dinero ha circulado por CUSAEM desde su creación en 1988 hasta el año 2000, así como sus ingresos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el primer año de la administración de Delfina Gómez Álvarez.
Aún menos claro es el destino de esos recursos. Felipe Rayo sostiene que ni un solo peso de CUSAEM va a las arcas del Gobierno del Estado de México:
“El dinero entra a cuentas privadas de CUSAEM. Se reparte entre las regiones de la corporación y otra parte se la queda la administración en turno, el director”. Según Rayo, los principales beneficiados del esquema de CUSAEM fueron los integrantes del Grupo Atlacomulco, la élite priista que gobernó el Estado de México por décadas.
“Una parte iba para la nómina, otra se dividía entre los dueños de cada región y la tercera iba al ‘Padrino’, es decir, los administradores del Grupo Atlacomulco. Pero hoy ellos ya no están. ¿Quién se queda con el dinero ahora?”.
Aunque Morena ha cambiado a los titulares de CUSAEM, los operadores priistas siguen controlando la corporación. Según un oficio del 14 de febrero de 2025, al que tuvo acceso AD Noticias, los actuales altos mandos de CUSAEM tienen vínculos con el Grupo Atlacomulco.
NAVARRETE PRIDA
El actual coordinador corporativo, José Luis Guzmán Martínez, fue director general de la corporación en 2023, durante el último año del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Guzmán Martínez es cercano a Alfonso Navarrete Prida, exprocurador de justicia del Edomex en las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel.
Miguel Ángel Reyes Granados, director de Personal de Cusaem, antes subdirector de Procesos Licitatorios en la STPS. José Manuel Álvarez González, exdirector de Cusaem (2010-2012 y 2017-2023) y exsecretario particular de Navarrete en la STPS. Gerardo Castillo Bautista, director de CUSAEM en 2015-2016, ahijado político de Navarrete.
Según dirigentes locales del PAN y el PRD consultados por Proceso, Navarrete Prida formaba parte del Consejo de Administración de CUSAEM. Los otros dos integrantes del Consejo, de acuerdo con un reportaje de 2013, eran Luis Enrique Miranda Nava, compadre y operador de confianza de Peña Nieto, y Manuel Cadena Morales, exsecretario de Gobierno de Arturo Montiel.
Los titulares de la corporación Ciro Mendoza Becerril (2008-2010), Orlando Javier Seguel Rogers (2010) y José Luis García Figueroa (2013-2015) han sido identificados como protegidos de Peña. Seguel Rogers se desempeñó como su jefe de la Ayudantía, mientras que García Figueroa fue patrocinador de su campaña presidencial en 2012.
La única mujer que ha encabezado la corporación, Evangelina Lara Alcántara (2007), es cercana a Carlos Hank González, exgobernador y líder del Grupo Atlacomulco. Su madre, Evangelina Alcántara Díaz, formó parte del gabinete de Hank González. Además, Guadalupe Rhon, esposa de Hank, y Salvador Sánchez Colin, exgobernador y tío abuelo de Peña, fueron testigos de la boda de Alcántara Díaz, según DigitalMex.
“Esto no ocurrió sin el conocimiento de los gobernadores. No estamos hablando de un problema de corrupción en una ventanilla; es un tema estructural. Los gobernadores, secretarios de Gobierno, secretarios de Finanzas y demás altos funcionarios debieron estar al tanto”, comenta al respecto el extitular del Sistema Anticorrupción local, José Guadalupe Luna Hernández. (con información de AD Noticias)
