GUARDAESPALDAS, UN MAL NECESARIO O ABUSIVO

La existencia y pago a guardaespaldas de ex funcionarios de gobiernos del PRI en el Estado de México, es una bomba de tiempo próxima a estallar en las manos de la gobernadora Delfina Gómez, quien no está informada de que su gobierno sigue pagando con dinero del erario el servicio de guardaespaldas al ex gobernador Enrique Peña Nieto y a una cauda de funcionarios y familiares.
Entre los beneficiarios figuran exprocuradores y exfiscales como Alfonso Navarrete, Alfredo Castillo y Alejandro Gómez Sánchez; exsecretarios generales de Gobierno como José Manzur y Ernesto Nemer, incluso, el senador con licencia Higinio Martínez. Tampoco es secreto que para el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, siete años después sigue teniendo escoltas o guardaespaldas pagados con dinero público.
El pago de guardaespaldas se hace manera oscura, por debajo del agua, que nadie se entere, pero, el reciente caso de robo frustrado en casa de José Antero Rodarte Cordero, extitular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejó a flote este gasto innecesario que le cuesta millones de pesos al pueblo mexiquense. ¿La maestra Delfina Gómez estará enterada?
Un clavo de muestra resultó ser el reciente caso de asalto en el número 312 de la calle Carmen Serdán, colonia Ciprés, donde se manejaba una cuantiosa suma de efectivo para saldar las cuentas de Enrique Peña Nieto y su familia. Un sofisticado mecanismo, operando casi siete años después de su mandato, ha permitido que el dinero siga fluyendo en las sombras, evidenciado en el violento asalto a la residencia de Antero Rodarte, donde los delincuentes buscaban grandes sumas sin dejar rastro. Los guaruras pagados por el erario público, lo frustraron.
Hoy, a casi año y medio de iniciado el gobierno de la 4T, cuyo lema es honestidad y austeridad ya enfrenta serios problemas, principalmente en materia de finanzas y seguridad para el pueblo que contrasta con el millonario pago de guaruras que dan seguridad a ex funcionarios y familiares. Es un problema serio el que enfrenta la gobernadora Gómez Álvarez quien ha hecho cambios en materia de seguridad, pero, en su equipo de trabajo ya hay división, malestar, inconformes y, lo más preocupante, es la falta de unidad ante la notable debilidad política de la maestra.
La existencia de un grupo de élite de las diferentes corporaciones policiacas del Edomex, pagados por el gobierno, arroja varias dudas:
¿Está la gobernadora Delfina al tanto de que casi un centenar de guardaespaldas, financiados con recursos públicos del Estado de México, sirven al expresidente Peña?
Los mexiquenses también se preguntan si la maestra Delfina recibió la información necesaria y autorizó la continuidad de esta protección para el expresidente, su familia, empleados, socios y amigos. Tendrá
la gobernadora todos los datos pertinentes, y qué acciones tomará ahora que se ha demostrado la ilegalidad del proceso que ampara el pago de guardaespaldas a funcionarios del pasado y del actual gobierno, como es el caso del senador Higinio Martínez.
Cabe recordar que en 2019 se eliminaron formalmente los privilegios para exgobernadores, el reciente asalto a la residencia de Antero Rodarte reveló que los escoltas asignados para la seguridad de Peña Nieto continúan siendo financiados con recursos públicos. Esta situación pone de manifiesto la persistencia de prebendas que contradicen los principios de austeridad anunciados por la 4T.
La derogación del decreto de 1993, que otorgaba salario, custodia y personal de servicio a los exgobernadores, pretendía racionalizar el gasto público. Sin embargo, la continuidad de ciertos privilegios demuestra que, a pesar de las reformas, persisten contradicciones en el manejo de recursos estatales, minando la credibilidad de las políticas de austeridad.

EDOMEX NARCOESTADO
Para nadie es secreto que el Estado de México es una de las principales plazas del narco, donde el cartel de Sinaloa y la Familia Michoacana desde la época del gobernador Arturo Montiel permitió la existencia del crimen organizado y, por ende, el Edomex se volvió tierra narca, uno de los principales centros para el lavado de dinero donde reina la violencia y los crímenes de alto impacto
El expresidente Enrique Peña Nieto no es el único que carga la factura de su equipo de seguridad al pueblo del Estado de México. Varios personajes del pasado también cuentan con escoltas financiados con recursos públicos. Entre ellos, exprocuradores y exfiscales como Alfonso Navarrete, Alfredo Castillo y Alejandro Gómez Sánchez; exsecretarios generales de Gobierno como José Manzur y Ernesto Nemer; e incluso el senador con licencia Higinio Martínez.
Algunos de estos guardaespaldas están adscritos a la nómina de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Otros pertenecen al Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) o a la Secretaría de Seguridad. La lista completa es extensa y evidencia un esquema de privilegios que sigue vigente.
Un cálculo moderado sugiere que al menos 480 policías —entre agentes de investigación, preventivos, municipales y auxiliares— están asignados a funciones de guardia. Otros a custodia y protección de funcionarios, exfuncionarios e incluso particulares.
Estos elementos perciben salarios que oscilan entre 20 mil y 45 mil pesos mensuales. Lo que representa un gasto superior a 15 millones de pesos al mes en recursos públicos destinados a pagar este privilegio a la alta burocracia y a personajes influyentes.
Si la austeridad republicana promovida por la 4T fuera real y congruente, estos recursos deberían destinarse a la seguridad de los ciudadanos. Por supuesto, no a la protección de quienes ya no ejercen funciones de gobierno, salvo en casos donde exista un riesgo genuino derivado de su labor. (Con información de AD Noticias)