DEFENSORES DE OFICIO EN EDOMEX, POCOS Y MAÑOSOS
La Consejería Jurídica en el Estado de México tiene como fin, mediante defensores de oficio, asesorar a personas que no pueden pagar un abogado particular y cuyo objetivo es construir una sociedad más segura, pero, ocurre todo lo contrario. Los pobres sólo tienen la Justicia de Dios y, en ocasiones tampoco llega.
Además de la ineficacia para defender, están limitados en cuanto a cantidad de defensores para el tamaño de la población mexiquense que es casi de 20 millones de personas y sólo hay 343 defensores y defensoras públicas, que son muy pocos para garantizar una verdadera impartición de justicia para los mexiquenses.
La Consejería Jurídica busca establecer proyectos estratégicos en la materia jurídico-administrativa que garantice la justicia cotidiana y atención a los mexiquenses; la legislación y Gaceta de Gobierno; notariado; defensoría pública, registro civil; derechos humanos e igualdad de género, son las principales áreas en donde se mueven los defensores y defensoras de oficio.
También de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM); la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM); el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM); la Coordinación de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (CEMPIDH) y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEAMEX).
Existen también defensores y defensoras adscritos en cada Distrito Judicial, en el Estado de México hay 18, los cuales son: Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Nezahualcóyotl, Otumba, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango, pero, en todos ellos, regularmente brilla la injusticia.
En total suman 343, los cuales ocupan cargos en: Agencias del Ministerio Público, Juzgados de Control Oral, Juzgados Civiles y Familiares, Salas Personales y Justicia Para Adolescentes. Por ello, personas pobres en problemas –jurídicos o penales-, sólo tienen la opción de que se les asigne un defensor de oficio, mientras que la gente con dinero o bien relacionada con la clase política, generalmente ganan sus casos porque la Justicia tiene precio.
Finalmente hay que recordar que un defensor público se encarga de asesorar, defender y representar a una persona que no puede pagar un abogado particular en un proceso penal, donde, miles y miles de familias, quizá millones saben cómo se las gasta la Justicia en el Estado de México y en todo el país.