JUECES MEXIQUENSES: EL CARTEL DE LA TOGA Y BIRRETE

Con pleno descaro el Poder Judicial del Estado de México se opone a la Reforma Judicial, la cual, pretende acabar con la corrupción y privilegios que impera en la Justicia mexiquense, donde millones de habitantes de los 125 municipios saben, conocen y han sufrido en carne propia la Injusticia de la Justicia, que la Justicia en el Edomex se vende, se prostituye y está al servicio de los ricos, de los empresarios y de la clase política.
Los jueces, ministros y magistrados del Edomex, ganan mensualmente entre 100 y 200 mil pesos, además tienen prestaciones como seguro de gasto médico, seguro de vida, bonos, aguinaldo, autos, gastos pagados para restaurantes, gasolina, celulares, pero, lo que más dinero les deja, es la corrupción, por eso se defienden como gatos boca arriba, porque no quieren cerrar su mina de oro que es Vender la Justicia, prostituirla y obsequiarla al amigo.
Los mismos priístas lo gritaban: “El Poder es para usarse” y lo imponían con sus mayorías compradas en los Congresos, federal y estatales. Hoy, que se busca poner un alto, un freno a esos abusos en materia de Justicia -siempre en contra del pueblo de México- hoy salen a gritar a las calles, a inmolarse para protestar en contra de la Reforma Judicial que planteó el aún presidente Andrés Manuel López Obrador quien fuerte y clarito y todos los días les dice a Jueces, Magistrados y Ministros -que en su gran mayorá- son corruptos, que están al servicio del poderoso y del narco.
La reforma Judicial va, nada la detiene, menos con gritos y pancartas de los corruptos y sus beneficiarios. No es nuevo que la burocracia a nivel nacional es una gran familia: Políticos de alto nivel, incluso ya retirados impusieron, recomendaron, vendieron plazas a familiares y amigos y, recientemente al mercado del narco, donde imponen jefes de la policía municipal, infiltrados en todos las policías estatales y, al ver que se les cae el negocio, que con la Reforma Judicial se clausura su gran negocio, lanzan a las calles a sus aliados a manifestarse en contra de dicha reforma.

DESCARO
Decenas de trabajadores del Poder Judicial y allegados, encabezados por Víctor Flores Nicolás, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Toluca, marcharon -el viernes 6 de septiembre- por la México-Toluca durante algunos minutos para después subir a sus vehículos en dirección a la ciudad de México. La afectación al tránsito en la México-Toluca, fue caótica.

ESCÁNDALOS
Como botón de muestra de la Justicia mexiquense, bastan tres casos recientes de libertad provisional en favor de abusadores infantiles, un magistrado acusado de violencia intrafamiliar y de un ex presidente municipal de Toluca, acusado de secuestro exprés y violencia de género.
Estos casos son algunos de los más recientes, que ocuparon espacio en los medios informativos, pero hay cientos, quizá miles de casos donde la Justicia no llegó, porque no le llegaron al precio al Juez o fue para beneficiar a los amigos, como el caso del ex alcalde priísta de Toluca, Raymundo Martínez, quien está acusado de secuestro y violencia familiar y corrupción en su cargo público. Huyó, se escondió en la ciudad de México, se le ubicó y se detuvo. Fue a la cárcel, pero, una juez le otorgó la libertad a través de la llamada y engañosa prisión domiciliaria, la que se da a los amigos.
Entre la corrupción judicial en el Edomex destacan tres casos recientes de libertad provisional de abusadores infantiles y un magistrado acusado de violencia intrafamiliar. Casos que han detonado indignación y protestas por parte de la sociedad mexiquense.
El juez de control que absolvió a un presunto abusador infantil. El 15 de febrero de 2024, el juez de control de Tlalnepantla, Alejandro Martínez Vitela absolvió a un presunto abusador infantil. De acuerdo con Martínez Vitela, tomó esta decisión porque la menor, de entonces cuatro años, no pudo recordar con exactitud el lugar y hora de los hechos.
“Desde luego que le creí, en el tema del tocamiento. Sin embargo, su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario”, respondió el juez a la madre de la menor, Victoria Figueiras, al cuestionar si no le creyó a su hija durante la audiencia.
El video, difundido por la asociación civil Hermanas Aliadas, rápidamente se viralizó a nivel nacional. En protesta a la sentencia absolutoria, Hermanas Aliadas y familiares de la víctima bloquearon Periférico, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, para exigir justicia. Sólo así se conoció este caso de injusticia de parte de la Justicia.
Horas antes de la manifestación, el Poder Judicial mexiquense publicó por redes sociales una tarjeta informativa, respaldando la decisión absolutoria del juez de control. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, incluso calificó el video de “segmentado y parcial”.
En su tarjeta, el PJEM afirmó que el video difundido estaba fuera de contexto y argumentó que testimonios y estados de cuenta bancarios comprueban que la niña y su tío no se encontraban juntos en el momento de los hechos. Hermanas Aliadas respondió en un comunicado que los argumentos del Poder Judicial eran mentiras con el objetivo de desvirtuar la protesta. No buscaban hacer justicia, sino encubrir al juez.
Gracias al bloqueo y la manifestación, la madre consiguió un diálogo con el PJEM, el Gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) para exponer su caso. El poder judicial retiró su comunicado.
Por su parte, el juez del Edomex, Alejandro Martínez Vitela fue señalado de trabajar a favor de la empresa española Aleatica, antes OHL, empresa que explota ilegalmente el Viaducto Bicentenario.
Con más de una década de experiencia en el área penal y un salario neto de 78 mil pesos, Martínez Vitela presume en su curriculum vitae haber tomado un diplomado en Derecho de Género y asistir a una conferencia sobre los retos para los derechos de las mujeres y la justicia de género.

OTRO CASO
En defensa de otro pederasta la juez del Edomex Nancy Alejandra Aguilar García liberó provisionalmente a Carlos “N”, presunto abusador sexual de un menor de edad en Atizapán de Zaragoza, el 8 de diciembre de 2023. La jueza de control de Otumba no dictó ninguna medida cautelar ni de protección para la víctima.
El 11 de octubre de 2020, Santiago —Santi, como le dice su mamá— fue drogado y abusado sexualmente por Carlos «N». Santi tenía 16 y Carlos 40 años. Los hechos ocurrieron en el hotel Magnum, a cinco minutos caminando del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y a 10 del Ministerio Público.
Quien forma parte de la defensa del agresor es Mauricio Moreno Vargas, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) de 2010 hasta 2015, año en que renunció por “motivos personales”.
El hijo de Moreno Vargas es Mauricio Moreno Balbuena, exdirector de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Moreno Balbuena por descongelar 975 cuentas bancarias que fueron aseguradas entre 2014 y 2017 a integrantes del cártel de Sinaloa y de Rafael Caro Quintero. Según el relato de la FGR, la acción fue ilegal.
Por su parte, la jueza del Edomex Aguilar García tomó la decisión de liberar al presunto abusador del menor bajo el argumento de haber pasado dos años en prisión preventiva sin sentencia. En su currículum, la jueza destaca que tomó un curso para analizar resoluciones con perspectiva de género en El Salvador.

ABUSADOR
El 11 de marzo de 2024, el juez del Edomex, de control del Penal de Barrientos, Óscar Sámano Alarcón, liberó provisionalmente a Brígido «N», presunto abusador de su sobrina de entonces seis años de edad.
Tras una fianza de 700 mil pesos, el presunto violador seguirá su proceso en libertad, portando un brazalete electrónico. El juez Sámano Alarcón tomó esta decisión sin importar que Brígido «N» vive a 100 metros de la víctima, denunció Hermanas Aliadas.
En protesta, el 28 de marzo, Hermanas Aliadas y la AC Listón Verde protestaron en una audiencia realizada en el Centro de Juicios Orales y Sentencias. La manifestación influenció en que el juez de control resolviera cambiar nuevamente la medida cautelar a prisión preventiva.

RAYMUNDO MARTÍNEZ
El pasado lunes 25 de marzo, el juez de control de Toluca, Pablo Ortiz González, otorgó un cambio de medida cautelar a Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca, acusado del delito de secuestro exprés.
Tras tres meses en prisión preventiva, el exedil seguirá su proceso en libertad bajo arresto domiciliario y usando un brazalete electrónico y de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como alcalde priísta de la capital mexiquense, Martínez Carbajal habría ordenado en abril de 2023 detener a su exsuegro, con el fin de recuperar unos diarios con contenido íntimo.
Además, ha sido señalado por su exesposa, Viridiana Rodríguez, expresidenta del DIF municipal, por cometer violencia física, sexual y emocional contra ella durante los 12 años que vivieron juntos.
El juez Ortiz González entró al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca el 16 de agosto de 2023 con un salario neto de 73 mil pesos. En su CV señala haber estudiado una maestría en Derechos Humanos y un curso de inducción a la igualdad entre hombre y mujeres
El mismo juez del Edomex vinculado al caso de Raymundo “N”, cuenta con —al menos— una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México al, presuntamente, haber torturado e incomunicado a Fidel Kuri Grajales. Este mismo juez ordenó la prisión preventiva contra el exdueño del Veracruz FC por el delito de fraude, que de acuerdo con el código penal, no amerita prisión preventiva.

MAGISTRADO, ACUSADO
El 30 de enero de 2024, una cuenta anónima en Facebook acusó al magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemán de violencia intrafamiliar. Esto es, en un video publicado en redes sociales, una persona que dice ser la exesposa del magistrado Hernández Alemán señaló, además, ser víctima de violencia institucional por parte del Poder Judicial. «”nicié un juicio de violencia intrafamiliar. Mi proceso se vio entorpecido por el tráfico de influencias y el abuso de poder, respaldado por el presidente del Tribunal, Ricardo Sodi”, señala la mujer del video.
“Algún día me voy a liberar de ti, cabrona… y a chingar a su puta madre, chinga tu madre… Viene lo mío, muérete, púdrete, muérete de hambre”, dice el magistrado, según el relato del video.
Al respecto, Ismael Hernández Alemán aseguró al medio local El Heraldo del Estado de México que no hubo ningún apoyo del tribunal mexiquense “pues de haber sido así, la sentencia habría sido a su favor, y no fue así”. Por su parte, el magistrado Ricardo Sodi guardó silencio al respecto.
Magistrado desde el año 2020, Hernández Alemán gana un salario neto de 133 mil pesos. En 2021 el PJEM clasificó por cinco años la declaración patrimonial y de intereses del magistrado. El argumento fue que hacer público ese documento podría «poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona».

MÁS CASOS
Hace unos días, trascendió que un juez del Edomex decidió recortar la pena de 20 a 13 años a uno de los policías involucrados en el asesinato del actor Octavio Ocaña ocurrido hace tres años.
También esta semana, volvió a ponerse en el ojo público que la juez de control Judith Cipriana Fuentes Martínez liberó, tras haber pisado la cárcel solo 59 días, a uno de los presuntos asesinos de Patricio Illescas Campanella, tratándose de un homicidio, sin tomar en cuenta las pruebas, sino que basándose solo en testimonios, fijó una fianza mínima. Otros dos involucrados en este crimen siguen prófugos. La familia de este joven de 20 años, a quien sus propios «amigos» quitaron la vida a golpes, claman por justicia para su hijo.
LA POLÉMICA
Alrededor de estos casos, constantemente aparece el nombre de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Sicardo Sodi Cuellar entró al cargo en enero de 2020. De 2010 a 2020 fue magistrado en materia penal en el TSJEM. Anteriormente, no tenía experiencia en el sector público: Los dos trabajos previos que señala en su currículum son ser director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y socio director de la empresa Bufete Sodi Abogados.
El presidente del TSJEM gana más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la plataforma Ipomex, Sodi Cuellar gana un monto neto mensual de 192 mil 337 pesos. Más de 70 mil pesos más que López Obrador, cuyo salario neto es de 120 mil 948 pesos mensuales.
Aún así, sin el menor descaro, amigos, empleados y familiares de todos estos jueces corruptos, se manifiestan, gritas, alzan pancartas y se oponen a la Reforma Judicial, porque saben que es el fin de sus privilegios, de la corrupción y de la mina de oro que por años y sexenios ha sido la Justicia en el Edomex. (Con información de ad noticias).