URGE MODIFICAR COSTOS Y REGLAMENTOS PARA CAMPAÑAS ELECTORALES EN MEXICO

Por José Santos Navarro

Costosa, atosigante, contaminante -visual y auditiva- es la publicidad electoral que inunda calles, las redes sociales, la televisión y la radio, donde las y los candidatos de todos los partidos y coaliciones a nivel nacional piden, suplican, mendigan el voto ciudadano a cambio de las promesas de siempre, de las mentiras de siempre y gobiernos de siempre, que no cumplen promesas de campaña.
Calles, avenidas, carreteras a lo largo y ancho del país, por todos lados hay propaganda electoral, anuncios espectaculares de hombres y mujeres sonrientes, alegres -hipócritas en su mayoría-, implorando el voto del pueblo, de un pueblo que elección tras elección fue engañado y que gobierno tras gobierno ya aprendió a votar, a sufragar -sino por el mejor-, al menos por el menos malo.
Pasada la próxima elección presidencial del 2 de junio de este 2024, donde además de la “Silla del Águila” estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular, de ahí, la costosa invasión de la publicidad electoral, la cual, tendrá que ser regulada por la nueva Legislatura que entre en función con la próxima Presidenta de México, ya que el candidato Jorge Álvarez Máynez, sólo va por el dinero -prerrogativas millonarias- que darán vida política a Movimiento Ciudadano.
La nueva y próxima Legislatura -hombres y mujeres- tendrán que ir a fondo, para analizar que México tenga elecciones más baratas, donde no haya margen para mentir, para que dirigentes de partidos y candidatos o candidatas no tengan margen de “robar” y de competir sólo por el dinero que deja ser candidato presidencial, sino porque en realidad organicen y administren la riqueza de este país que es abundante en oro, plata, litium, petróleo, gas, energías limpias, mares, ríos, selvas, producción de alimentos, agua, industria, tecnología y lo elemental: mano de obra para todas las áreas.
Las y los nuevos legisladores (diputados y senadores) tendrán que meter mano para hacer mejor y más próspero a este país llamado México. En ellos habrá de recaer el hacer una mejor ley electoral, un INE más efectivo y menos caro que termine con la saturación de publicidad electoral en redes sociales, en la televisión, radio, en las calles, avenidas, carreteras, donde bajo el pretexto de la democracia y la libertad, los partidos político e incluso el mismo INE caen en el abuso del presupuesto, millones, miles de millones de pesos que se tiran a la basura elección tras elección, ya a nivel nacional, estados o municipios.
De acuerdo a información del INE la actual elección Presidencial 2024 y para elegir gobernadores en nueve estados tiene un costo de más de 10 mil millones de pesos, por lo cual, hace que México cuente con la democracia más cara del mundo, pero, cabe subrayar que al margen de los auténticos gastos de campaña (publicidad, transporte, alimentos, renta de espacios, etc), varios millones, muchos millones se quedan en los bolsillos de los dirigentes de los partidos políticos y candidatos, ganen o pierdan.
Ejemplo de esto, es el caso de la panista Josefina Vázquez Mota, quien tras su derrota electoral como candidata presidencial en 2012, quedó en tercer lugar y como “recompensa” recibió mil millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, presuntamente para que ella creara un fideicomiso y atender a migrantes mexicanos y no se hizo nada, nunca se supo nada de ese tipo de apoyo a migrantes y menos se supo nada de dónde quedaron los mil millones de pesos.
Es cuestión de usos y costumbres políticas en México, premiar a los contrincantes del ganador, a través del dinero y de otros beneficios personales, de grupo y de partido, para que se queden quietos, callados y no impugnen el resultado de la elección.
Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) gobierno federal y estatales, junto con los partidos políticos, deben considerar renovar, ordenar y aminorar el gasto multimillonario de las elecciones en México, donde, además de haber ganadores de cargos de elección pública, también son ganadores de fortunas de dinero que se roban, que hacen mal uso del presupuesto y, por ello, es necesario que la democracia además de real y efectiva, sea más barata en México.
La solución y respuesta estará en la nueva Legislatura que entra en función con quien será, de manera histórica la primera mujer Presidenta de México y, se constatará que -como dicen los propios políticos- “la mujer es menos corrupta y administra mejor el dinero”. Se verá pronto, muy pronto en 49 días (el 2 de junio).

VEDA ELECTORAL
También se debe reglamentar la llamada veda electoral, donde todas las autoridades gubernamentales no pueden hablar sobre el tema electoral, ni en apoyo ni en contra, entonces también se debe regular que los y las candidatas de todos los partidos hablen en contra del Presidente de México en turno que critiquen al gobierno en turno y, si alguien hace algún comentario o crítica respecto a su gobierno, el mencionado pueda responder a esos comentarios, porque es muy fácil y ruin esconderse tras el disfraz de candidato para que a través de mentiras y datos inexactos busque beneficios a su campaña y a su partido.
Ejemplo claro se está dando en la actual elección presidencial, donde la candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez además de criticar y hablar mal del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió al INE que prohíba las conferencias “Mañaneras” en Palacio Nacional, porque alega que el Jefe del Ejecutivo de manera abierta apoya a su “corcholata” y le pega a los adversarios de oposición. Es decir, al Presidente de México en turno se le puede “pegar”, ofender, criticar, mentir sobre su actuación, pero éste, actualmente no puede recurrir al derecho de réplica ni a la libertad de expresión. El INE consideró IMPROCEDENTE dicha petición.
De igual manera calificó también de IMPROCEDENTE otra petición de Xóchitl Gálvez y sus dueños: PRI, PAN, PRD, quienes pretendían que el mismo INE iniciara una campaña en contra del Gobierno de México, informando que los programas sociales de AMLO, son de todos, cuando fueron ellos los diputados y senadores del PRI, PAN y PRD quienes votaron en contra de los programas sociales que hoy goza gran parte del pueblo de México.