¡BOMBAZO! CAE AL BUNKER DE “VA POR MEXICO”

Por José Santos Navarro

Como bomba nuclear en tiempo electoral -para la elección de gobernadora en el Estado de México- cayó en contra de gobiernos priístas y panistas la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sanciona a México por dejar en prisión a Daniel García y Reyes Alpízar durante más de 17 años, sin recibir sentencia y sin pruebas en su contra por el delito de homicidio.
El organismo internacional también informó que se da un año de plazo para que México elimine el arraigo y regule la prisión preventiva. El origen de esta sanción al gobierno mexicano se remonta al asesinato en contra de la regidora panista María de los Ángeles Tamés Pérez, de 28 años de edad, quien fue acribillada y muerta la noche del 5 de septiembre de 2001, cuando estaba por llegar a su casa en la colonia Las Alamedas, en Atizapán de Zaragoza.
El presidente municipal era el panista Antonio Domínguez Zambrano; el gobernador del Edomex, el priísta Arturo Montiel y el procurador en turno Humberto Navarrete Prida. El crimen tuvo tintes políticos, pero, nunca se resolvió ni se aclaró nada. Todo quedó en otra injusticia de la Justicia mexiquense, en la fabricación de delincuentes. El caso se cerró con dos chivos expiatorios: Daniel García y Reyes Alpízar, quienes llevan 17 años en la cárcel sin recibir sentencia.
Tras el asesinato de la regidora Tamés Pérez, su padre, Pedro Tamés, declaró que su hija Marigely, como él la llamaba de cariño, le contó que había descubierto un sistema de espionaje dentro de la presidencia municipal de Atizapan, con el cual, espiaban a funcionarios y empleados a través de interceptar llamadas telefónicas, además sabía de actos de corrupción e irregularidades que ella misma hizo saber al alcalde panista. Días después, la ejecutaron.
Este fue el origen de lo que hoy se llama “el juicio más largo de la historia” y, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sanciona a México por tener a dos hombres 17 años en la cárcel sin sentencia, sin pruebas en su contra; lo que demuestra que como este caso, existen otros cientos de hombres y mujeres en prisión que llevan años sin recibir sentencia. Para los mexiquenses es sabido que las antes Procuradurías, hoy, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “fabricaban” delincuentes y, el caso de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, es prueba de esta “fabricación” y de algo turbio que había en el gobierno panista en Atizapán de Zaragoza, que el gobierno priísta de Arturo Montiel, ordenó ocultar.
Lo cierto, lo real en esta época electoral, en plenas campañas para elegir gobernador del Edomex, el alto tribunal internacional ha condenado a México en un fallo histórico en el que, además, ordena al país eliminar la polémica figura de la prisión preventiva oficiosa. “La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”, se lee en dicha sentencia.
El entonces sub procurador de justicia del Estado de México, Rogelio Figueroa Velázquez, informó al padre de la regidora victimada, que, en efecto, los teléfonos de ella y toda la familia –de la regidora-, estaban intervenidos. Días después en un operativo de la entonces policía ministerial del Edomex, se descubrió una casa, cerca del palacio municipal de Atizapán de Zaragoza, donde encontraron equipo técnico con el cual se daba el espionaje telefónico. Los dueños de la vivienda, fueron detenidos, cuando ellos, sólo rentaban una habitación y desconocían para que la usaban los hombres que entraban y salían.

EN 2018
El colectivo #PenaSinCulpa llevó el caso a instancias internacionales como el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que calificó a la detención de Daniel García y Reyes Alpízar como arbitraria. La organización recomendó al Estado mexicano ordenar su libertad de forma inmediata y adoptar medidas adecuadas para reparar el daño.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un Informe de Admisibilidad para someter al Estado mexicano a un procedimiento internacional para determinar las violaciones a derechos humanos, la falta de investigación y sanción de la tortura, la falta de protección judicial y las violaciones al debido proceso en su contra. Por ello, hoy, la CIDH y la ONU sancionan a México.
Sin duda, en tiempos electorales revivir este caso de injusticia, como otros muchos que existen en el Estado de México, podría impactar la imagen del PRI y sus aliados: PAN, PRD y Nueva Alianza. El 4 de junio próximo, se verá el efecto y el impacto.