DEL MAZO, ATADO DE MANOS Y SECUESTRADO POR EL PASADO

Con un presupuesto 2022 muy tijereteado, el gobernador Alfredo del Mazo Maza, sabe y entiende que el poder político, electoral y económico ya no está con el PRI, de ahí que, en este año clave para la elección en 2023, el Congreso local encabezado por Morena y sus aliados, aprobaron un presupuesto para este año, donde, difícilmente podrán disfrazar inversión para llevar recursos al terreno electoral.
Además de reajustar el gasto corriente y reducirle la deuda aprobada en el Paquete Fiscal y que derivó en que se registrara una reducción en su presupuesto por más de 4 mil millones de pesos.
Del Mazo Maza declaró que de todos modos su gobierno no se paralizará, aunque, uno de los sectores más afectados por el recorte, es el de seguridad y movilidad, aunque salud y educación mantuvieron el presupuesto original.
En una declaración el gobernador mexiquense apuntó que cerca del 75 por ciento de la deuda para 2022, aprobada en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del Estado de México, se destinará a obras de conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

SEGURIDAD
La seguridad es uno de los grandes pendientes que tiene el gobernador Alfredo del Mazo para con su pueblo. Sus titulares de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Rodrigo Martínez Celis, son los principales responsables de que en suelo mexiquense haya inseguridad, violencia y muerte, así como una nula procuración de Justicia.
Sin embargo, el gobernador asume una medida política y considerando el descontento de la gente por la inseguridad, corrupción e impunidad que siguen rigiendo en las policías, en un magno evento hizo entrega de un montón de patrullas, equipamiento y armas, con una inversión de más de 420 millones de pesos, según él, con el fin de brindar seguridad a las familias mexiquenses.
Ante las recientes y mortales emboscadas en contra de policías de Investigación, estatales y municipales, el Ejecutivo estatal enfatizó que la entrega de este equipo es que los elementos cuenten con mejores armas y equipamiento para hacer su trabajo, esto es dijo, “fortalecer acciones que se llevan a cabo en materia de investigación y procuración de justicia”.

SECUESTRO Y EXTORSIÓN
Sin embargo, pese a los miles y miles de millones de pesos que se invierten en seguridad, de estrategias fallidas y operativos vistosos, el estado de México encabeza la lista de entidades donde el secuestro y la extorsión en contra de las mujeres, ocupa el número uno.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2021 las mujeres representaron 21 por ciento de víctimas de secuestro y 30 por ciento en extorsión en el Estado de México; en ambos delitos la entidad mexiquense se ubicó en primer lugar del país con más mujeres agraviadas por estos ilícitos.
Con base en el último Informe sobre Violencia Contra las Mujeres en México, elaborado por la federación, el Estado de México destacó por tener la mayor proporción de mujeres víctimas en extorsión, ya que en 2021 México documentó 3 mil 359, de las cuales mil 034 fueron en territorio mexiquense, lo que representó 30 por ciento de la cifra nacional.
En la entidad mexiquense el porcentaje es similar en comparación con los hombres, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México registró 3 mil 439 víctimas, de estas, 30 por ciento fueron mujeres; es decir, tres de cada 10 víctimas de extorsión en la entidad son mujeres.
Sobre el tema, el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, informó que la SSEM cuentan con líneas de atención las 24 horas, los siete días de la semana, a través del 911 y el 089 anónimo. Al día en promedio -dijo- reciben más de 15 mil llamadas, donde más de la mitad son falsas y quitan 15 segundos a los operadores.
Resaltó que en caso de un crimen si la denuncia no llega a donde tiene que llegar no se registra y por ende no hubo delito, por ello la denuncia es fundamental.
Destacó que hasta el momento han instalado más de 20 mil botones de pánico en unidades económicas y sostuvo que entre 2020 y 2021 el homicidio doloso disminuyó aproximadamente 6 por ciento, feminicidios 5 por ciento, secuestro 14 por ciento, robo de vehículo 6 por ciento y robo al transporte de carga más de 10 por ciento, gracias a la información en tiempo real.
Como siempre dieron un concierto de números y números, cantidades y porcentajes, pero, la realidad es la violencia que hay en las calles.

SEGURO VS ROBO EN TRANSPORTE
Es tal la inseguridad y violencia que hay en calles, avenidas y vías rápidas en el Estado de México, donde a diario se registran asaltos a mano armada en el transporte público y donde las policías no hacen nada, más que llamativos operativos, donde en montón bajan al pasaje del transporte para esculcarlo y luego que sigan su paso.
Ante esta situación el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista propuso al pleno reformar los códigos Penal y Administrativo para aumentar la pena a quienes cometan asaltos en el transporte público y se establezca un seguro que le permita a la persona que viaja recuperar el valor de lo perdido.
Las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo plantearon que el robo en el transporte debe ser sancionado con penas que vayan de los 18 a los 24 años de prisión y una multa de mil 500 días; en lugar de la pena actual de 12 a 18 años de cárcel y de mil días de multa.
Consideran que si el gobierno estatal no es capaz de garantizar la seguridad a la población debe ser el responsable de cubrir el seguro del viajero a quienes sean asaltados en el transporte público y pierdan su cartera, celular o cualquier otro bien que puedan acreditar.
El requisito será que se denuncie el delito ante el Ministerio Público y se “garantice el pago de un monto mínimo por hasta 750 pesos a usuarios víctimas de robo en el transporte público, a fin de reparar una parte de la afectación patrimonial que hayan sufrido los usuarios por este ilícito”.
Los concesionarios y permisionarios en conjunto con el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, señalan, serán responsables de otorgar un seguro de viajero a los usuarios del transporte público cuando sean víctimas de robo, a fin de otorgarles un monto total de mil 500 pesos, en aportación solidaria la mitad cada uno.
No será necesario comprobar con tickets o facturas el monto de lo robado, pero sí presentar la denuncia.