BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS GRAN SIMULACION EN EL ESTADO DE MEXICO

Por José Santos Navarro

La desaparición forzada de personas en el Estado de México crece, se vuelve grave, mientras que en el gobierno de Alfredo del Mazo Maza no hay respuesta concreta a las familias afectadas sobre este delito considerado como un crimen de lesa humanidad. Además, hay ineficiencia en las agencias del Ministerio Público.
Urge dar solución a este flagelo que siembra miedo, que se le va de las manos al actual gobierno priísta. La estrategia estatal para atender este problema, se convirtió en una gran simulación, además, de que los recursos son pocos y mal ejercidos, denuncian diputados mexiquenses.
El diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura estatal, al inaugurar la Mesa de Trabajo con Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas, sostuvo que es necesario que el gobierno y autoridades den soluciones concretas.
Precisó que la desaparición forzada de personasen el Estado de México pasó de 911 casos en 2012 a más de 5 mil 840 en 2018,subrayó que este flagelo obliga a todos a dar respuesta, transformar la realidad “y encontrar a los sujetos fundamentales de este esfuerzo, así como dar satisfacción a sus familiares y una explicación en caso de no poder dar el resultado que se quiere”.
Se pronunció por enriquecer la iniciativa de la legisladora Karina Labastida para expedir la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de México, aseveró que los legisladores están haciendo su mejor esfuerzo en comisiones para dictaminarla, pero “creemos que involucrando a los actores fundamentales estaremos en mejores condiciones de dar la respuesta anhelada”.
Añadió que los legisladores mexiquenses tienen claro que vivir la experiencia de una desaparición forzada es algo “muy lamentable y doloroso”, pero que con la participación de todos habrán de orientarse de manera más concreta, tangible y medible los esfuerzos para conseguir resultados útiles.

SIN AVANCES
La diputada Karina Labastida Sotelo, en la apertura de la Mesa de Trabajo con Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas, fue directa y denunció que fueron pocos y mal ejercidos los recursos para la búsqueda de personas desaparecidas.
Criticó que en 2018 se dispuso sólo de 261 mil 120 pesos para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas en el Edomex, estrategia y presupuesto que no permiten avanzar en la detención de este delito.
En síntesis, apuntó que el convenio entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal anterior en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio Fiscal 2018 (FASP), no fue suficiente ni eficiente.
Agregó que al subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres se canalizaron 643 mil 835 pesos para dotar de mobiliario y equipos de cómputo a los centros de justicia para mujeres en Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Amecameca, “y resulta que lo que encontramos en recientes recorridos fue justo esas carencias y deficiencias, sobre todo en la zona de Amecameca”, dijo ante su compañera legisladora Maribel Martínez Altamirano, del PRI.
En otras palabras, expresó, “de un presupuesto de más de 15 millones de pesos del FASP en el 2018, al tema de las desapariciones de personas se canalizó si acaso el 1.5%, y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra liderazgos nada edificantes, se destinó tan sólo el 4%. El problema de la trata de personas, ni siquiera es mencionado”.
En este contexto, Labastida Sotelo detalló que para este año y con un nuevo gobierno de la república, respecto del FASP se acordaron 497 millones 135 mil 552 pesos por parte del gobierno federal y 124 millones 283 mil 888 por parte del gobierno estatal, es decir, son 621 millones 416 mil 440 pesos.

OTRAS POSTURAS
Al respecto, autoridades estatales y federales, así como representantes de los colectivos de familiares de personas desparecidas en el Estado de México coincidieron en la necesidad de construir una estructura coordinada entre los diferentes órganos y niveles de gobierno para atender este problema.
A nombre del Colectivo Feminista Ehécatl, Carmen Zamora propuso que los colectivos y las familias de desparecidos tengan acceso a los registros de las fosas clandestinas y fosas comunes a fin de facilitar los procesos de búsqueda e investigación.
Mónica Orozco, madre de Benjamín Ulises Medina, quien se encuentra desparecido desde 2013, habló de la falta de empatía y compromiso por parte de las autoridades y los ministerios públicos respecto al seguimiento de las denuncias y de la pérdida de salud, dinero y credibilidad hacia las autoridades que sufren las familias en el proceso.
Claudia Rojas, quien busca a su hija Daniela Xóchitl Elizarrarás desde hace 13 años, pidió que en la ley se prevea elevar las recompensas en caso de encontrar a los desparecidos, así como de que se establezcan claramente los castigos para quienes cometan este delito, mientras que Diana Gutiérrez, del Colectivo Uniendo Esperanzas, denunció que los investigadores no realizan su tarea e insistió en trabajar conjuntamente en la prevención y en la educación respecto a este tema.
Manuel Ramírez Juárez, coordinador de la Red Eslabones y padre de Mónica Ramírez Alvarado, desparecida desde 2004, habló también de la falta de acompañantes jurídicos y de la importancia de que la ley incluya beneficios para quienes colaboren en las investigaciones, así como de otorgar capacitación a las familias de las víctimas para sus procesos de denuncia e investigación.

INEFICIENCIA EN LOS MP’S
La diputada Azucena Cisneros Coss (morena) advirtió que la ley referida debe etiquetar los recursos de manera que se apliquen y ejecuten correctamente, y consideró que el problema no radica en la falta de presupuesto, pues el del Estado de México creció cinco veces en los últimos tres años.
Respecto a la ineficiencia de los ministerios públicos denunciada por los colectivos, la legisladora precisó que es un tema que ya se debería estar atendiendo y destacó la necesidad de implementar un mecanismo extraordinario para atacar este problema.

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